Privatizaciones, rentas de privilegio

Lo anterior expresa, en consonancia con los análisis antecedentes, diferencias significativas en las tasas de ganancia, a favor de las empresas vinculadas con la política desestatizadora: cualquiera sea el indicador de rentabilidad que se considere, los márgenes de beneficios obtenidos por las privatizadas han superado con holgura al de las restantes grandes firmas del país. A título ilustrativo, en el caso de las privatizadas, las utilidades obtenidas, en promedio, entre 1995 y 1999, representan el 17,5% del valor de producción; tasa de beneficio que se contrae al 5,9% para el resto de las empresas de la cúpula. Asimismo, los márgenes de rentabilidad de las primeras explican el 31,6% del valor agregado, relación que para el resto de las líderes se limita a "apenas" el 16,5%. El carácter extraordinario de las utilidades internalizadas por las privatizadas, así como las profundas disparidades de performance que cabe reconocer en el interior de la cúpula empresaria local, también se expresan en que el volumen medio de ganancias de las vinculadas al proceso de privatizaciones fue 3,4 veces superior que el correspondiente al conjunto de la elite económica, y 6,3 veces más elevado que el que registraron las líderes no vinculadas con la transferencia de empresas y/o activos estatales al sector privado.
Como fuera analizado, ello se encuentra estrechamente ligado al privilegiado contexto normativo en que se desenvuelven las privatizadas, que no sólo le posibilitó internalizar ingentes masas y tasas de beneficio, sino también expandirse a un ritmo muy superior al que creció el resto de las líderes: entre 1995 y 1999, el valor agregado total generado por el primer subgrupo de firmas aumentó casi un 30%, mientras que el del segundo lo hizo en menos de un 13% (Cuadro Nro. 8). Dado que entre esos años el PBI global (a precios corrientes) se incrementó menos de un 10%, cabe inferir un incremento de consideración en el grado de concentración del conjunto de la economía argentina en torno a las empresas privatizadas. De los comentarios previos se desprende que, esencialmente como producto de la evolución de las tarifas (en especial, las abonadas por los usuarios residenciales de menores ingresos y las PyMeS), las empresas privatizadas se han apropiado de una proporción considerable del excedente económico generado en el país. Su impacto sobre la competitividad de numerosos sectores de actividad (en particular, aquéllos, con predominancia productiva de firmas de reducido tamaño relativo, vinculados a la elaboración de bienes transables) y la "regresiva" distribución del ingreso ha sido objeto de fuertes críticas desde los más diversos ámbitos económicos, políticos y sociales. Sin embargo, a esa suerte de exacción de recursos del conjunto de la sociedad, se le adiciona otro mecanismo complementario de apropiación de beneficios, donde también quedan reflejadas importantes diferencias respecto a las restantes empresas líderes del país. Se trata de las formas que adoptan las relaciones entre la productividad del trabajo y los salarios medios o, en otras palabras, la distribución de los recursos entre el capital y el trabajo.

La información proporcionada por el cuadro de referencia brinda elementos de juicio suficientes como para afirmar que el proceso de transferencia de recursos del trabajo al capital adquirió una mayor intensidad relativa en el caso de las empresas privatizadas que en el resto de las líderes: entre 1995 y 1999, la productividad laboral promedio del primer subgrupo de firmas (valor agregado por ocupado) se expandió casi un 22%, mientras que la del segundo se incrementó menos de un 16%. En el mismo período, el salario medio de los trabajadores empleados en las privatizadas aumentó más de un 7%, al tiempo que en las restantes empresas del panel creció cerca de un 5%.
Lo anterior sugiere que en las privatizadas se ha registrado una mucho más regresiva distribución del ingreso que en el resto de las grandes firmas o, en otros términos, que los empresarios se han apropiado de una proporción más grande del excedente generado por los trabajadores: siempre entre 1995 y 1999, la relación productividad/salario medio (un indicador de la distribución interna de recursos entre el capital y el trabajo) en las líderes vinculadas con las privatizaciones creció un 13%, porcentual que se ubicó en el 5% en el caso de las no relacionadas con dicha política pública. En ese marco, en apenas un quinquenio, la participación de los trabajadores de las empresas privatizadas en el valor agregado se redujo del 18,6% al 16,5%. En otras palabras, en apenas cinco años, los asalariados de las privatizadas han transferido al capital más de dos puntos adicionales (más del 11% de su participación) de su ya deteriorada incidencia en la distribución interna de los recursos; los que se suman a los transferidos en su condición de usuarios y consumidores de los distintos servicios públicos privatizados. A tal punto alcanzó el proceso mencionado que a fines de la década pasada, la participación de los trabajadores de las empresas privatizadas en el valor agregado generado, de conjunto, por estas compañías (16,5%) equivale a menos de la mitad de la "por cierto, reducida" incidencia que se verifica a nivel de las no relacionadas con el proceso privatizador. En suma, de la información elaborada por el INDEC se desprende el papel decisivo que tuvo la política de privatizaciones implementada en el país durante la década pasada en la consolidación de tres de los principales rasgos distintivos de la economía argentina del último cuarto de siglo: una marcada polarización de la cúpula empresaria, una creciente concentración económica, y una distribución del ingreso cada vez más regresiva.
En función de lo anterior, vale la pena introducir un breve comentario en torno de la "validez" "o, más específicamente, el sustento político e ideológico" de uno de los principales argumentos con los que se justificó el programa de reformas estructurales instrumentado en el país desde fines de los años ochenta. Por entonces, se señalaba que la conjunción de la apertura de la economía, con la desregulación de ciertas actividades y, fundamentalmente, la privatización de empresas públicas, traería aparejado un significativo crecimiento en la productividad de la economía argentina que no tardaría en "derramarse" hacia el conjunto de la sociedad, muy especialmente hacia los sectores de menores ingresos. Sin embargo, en el transcurso de la década de los años noventa lo que se ha consolidado, tanto a nivel de las empresas privatizadas como del conjunto de la economía, es un patrón de funcionamiento económico-social en el que los " importantes" incrementos registrados en la productividad de los trabajadores fueron "derramados" casi en forma exclusiva hacia las fracciones más concentradas del capital (bajo la forma de una cuantiosa masa de beneficios), mientras que las demandas de los sectores sociales más postergados por las políticas económicas implementadas a lo largo de la década fueron relegadas sistemáticamente a un segundo plano.
En definitiva, el acelerado proceso de privatizaciones encarado en la Argentina durante los años noventa no sólo tuvo un papel importante en la explicación del notable incremento que se registró en la cantidad de personas desocupadas (lo cual se vincula directamente con el "trabajo sucio" que realizó el gobierno nacional antes de transferir sus principales empresas al capital concentrado interno, y que, a la luz de la información disponible, continuó "y, en algunos sectores, a un ritmo sumamente acelerado" una vez que las mismas pasaron a estar bajo la órbita privada), sino que también constituye un factor clave para comprender los motivos por los cuales en el decenio pasado se registró un ostensible deterioro en las condiciones laborales de los asalariados en actividad (que, en el caso particular de las firmas privatizadas, se expresó bajo la forma de mayores niveles de explotación, fuertes aumentos en la productividad que no fueron transferidos a los salarios de los trabajadores "ni, como fuera analizado, a las tarifas abonadas por la mayoría de los usuarios" y, como resultado de todo ello, una acentuada regresividad en materia de distribución del ingreso).
La importancia de la política privatizadora en la consolidación de la valorización financiera
El contenido e impacto que han tenido las privatizaciones resultan incomprensibles sino se los vincula con las profundas transformaciones que se registraron en el patrón de acumulación del capital en la Argentina durante las últimas décadas. Esto se debe a que, desde la dictadura militar en adelante, el modelo de la sustitución de importaciones es reemplazado por otro que está basado en la valorización financiera, en tanto el capital concentrado destina una parte creciente del excedente del que se apropia en el ámbito nacional a la adquisición de diversos activos financieros (títulos, bonos, depósitos, etc.) en el mercado interno e internacional. Este proceso se reproduce y consolida debido a que las tasas de interés, o la vinculación entre ellas, superan a la rentabilidad de las diversas actividades económicas (en especial, las industriales), y a que el acelerado crecimiento del endeudamiento externo posibilita la remisión de capital local al exterior al operar como una masa de excedente valorizable y/o liberar las utilidades para esos fines.
La valorización financiera como núcleo del proceso de acumulación del capital en el país irrumpe en 1979, cuando la Reforma Financiera que puso en marcha el gobierno militar en 1977, convergió con la apertura del mercado de bienes y de capitales y el establecimiento de una tasa de cambio decreciente en el tiempo (la "tablita" de Martinez de Hoz). Según los funcionarios de la dictadura, como resultado de estas políticas las tasas de interés internas tenderían a converger con las vigentes en el mercado internacional, igualación que nunca ocurrió porque la existencia del Estado como el mayor demandante de fondos en el mercado financiero local no permitió que descendieran las tasas de interés internas. De esta forma, se constituyeron las condiciones para que se desarrolle plenamente la valorización financiera por parte del capital concentrado interno y que, en consecuencia, los rasgos centrales de la economía argentina pasaran a ser el endeudamiento externo, la fuga de capitales locales al exterior, la concentración del ingreso y la desindustrialización.
Sin embargo, el discurso predominante a fines de los años ochenta afirmaba, implícitamente, que las reformas estructurales neoliberales darían por finalizado el predominio de la valorización financiera. Según se afirmaba, la desregulación económica, la liberalización comercial, la reforma del Estado y, especialmente, las privatizaciones crearían las condiciones suficientes para la incorporación de capital extranjero, la repatriación de los capitales locales fugados al exterior y la disminución de la deuda externa, mientras que la firma del Plan Brady permitiría nuevamente el acceso al endeudamiento externo (pero ahora destinado a financiar una creciente inversión en la producción de bienes). Supuestamente, se trataría de un "giro copernicano", en tanto el proceso económico volvería a centrarse en una dinámica productiva que sería competitiva internacionalmente debido a que, además de contar con una significativa disminución de los costos financieros, recibiría, vía una reducción de las tarifas, los incrementos de la productividad obtenidos por las prestatarias de los servicios públicos privatizados.
Como se observa en el Gráfico Nro. 6, durante la etapa álgida de las privatizaciones algunos contenidos del discurso dominante parecieron cumplirse, ya que entre 1990 y 1992 se verifica una estabilización en el endeudamiento externo y la repatriación de una parte del capital local fugado en la década anterior. El primer fenómeno se relaciona con que, como fuera mencionado, en la primera etapa de las privatizaciones se le dio prioridad a la capitalización de bonos de la deuda externa (lo que le permitió al Estado argentino reducir parte de sus pasivos con el exterior), mientras que el segundo se vincula con el hecho de que muchos grupos económicos repatriaron una parte importante de los recursos que habían fugado en los años ochenta con la finalidad de participar activamente del "negocio" de las privatizaciones.

Sin embargo, posteriormente, cuando comienza a declinar el proceso privatizador (hacia 1993 ya se había transferido al sector privado prácticamente la totalidad de las principales empresas de propiedad estatal), recrudece el endeudamiento externo y, sobre todo, con inusitada intensidad, la salida de capitales locales al exterior motorizada, nuevamente, por los principales conglomerados empresarios que actúan en el país. Tan es así que a pesar de sus disminuciones de los primeros años, ambas variables alcanzan un registro récord durante el decenio pasado, superiores "en dólares constantes" a los valores que registraron durante la dictadura militar. De tal magnitud fue dicho proceso que hacia fines de la década pasada la relación deuda externa/fuga de capitales era aproximadamente de 1 a 1 (en otros términos, por cada dólar que ingresó a la economía argentina vía endeudamiento externo, el capital concentrado interno fugó al exterior una cifra equivalente)48.
Por cierto, la falta de sustento del discurso dominante que pone de manifiesto el comportamiento de estas variables, termina de cobrar forma cuando se verifica que, además, en el transcurso de los años noventa, los importantes incrementos registrados en la productividad de las empresas prestatarias de servicios públicos no fueron transferidos a los precios (sobre todo, a los abonados por los usuarios residenciales de menor poder adquisitivo), sino que han contribuido a acrecentar la rentabilidad de las prestatarias; que no disminuyó el costo financiero (en especial, el correspondiente a las pequeñas y medianas empresas); y que la desindustrialización registró un salto considerable con el consiguiente impacto sobre la desocupación y la distribución "regresiva" del ingreso. En otras palabras, las reformas estructurales (de las cuales las privatizaciones constituyeron un pilar fundamental) no hicieron sino potenciar en forma significativa la valorización financiera que puso en marcha la dictadura militar.
Sin embargo, la incorporación de las privatizaciones a la lógica del patrón de acumulación del capital concentrado interno determinó que, a las modalidades adoptadas durante la década de los ochenta (fundamentalmente, el usufructo de los diferenciales existentes entre las tasas de interés vigentes en el mercado externo "en el cual se endeudaban estos actores" y en el interno "en el cual colocaban los fondos") se le agregara una nueva forma de valorización financiera: las ganancias patrimoniales que realizaron los grupos económicos locales y algunos conglomerados extranjeros por la venta de buena parte de sus activos fijos, en especial, de sus "paquetes" accionarios en las empresas privatizadas. Al respecto, cabe recordar que los consorcios privados "constituidos en la mayoría de los casos por grupos económicos, conglomerados extranjeros, empresas y bancos transnacionales" se hicieron cargo de las empresas públicas pagando por ello precios subvaluados y con un alto componente en bonos de la deuda externa. Por otra parte, la transferencia de empresas monopólicas u oligopólicas con reservas legales de mercado fue acompañada por marcos regulatorios que no hicieron más que aumentar la capacidad de los nuevos consorcios para imponer sus intereses en la estructura de precios y ganancias relativas de la economía argentina, y en el funcionamiento de una amplia gama de sectores económicos, lo cual les garantizó una elevada y creciente rentabilidad que, en este caso, operó no sólo como una forma de acentuar la concentración del ingreso sino también como la manera de aumentar sus beneficios patrimoniales.
De esta manera, la conjunción de los dos factores mencionados (bajo precio inicial y creciente "y muy alta" rentabilidad) dio como resultado una notable y aceleradísima revaluación patrimonial en términos económicos (tanto para las firmas prestatarias como,
48. Para un tratamiento más detenido de estas cuestiones, ver Basualdo, E.: "Las privatizaciones en la valorización financiera de los grupos económicos", en Revista Enoikos, Año VIII, Nro. 17, 2000; y Basualdo, E., Kulfas, M.: "Fuga de capitales y endeudamiento externo en la Argentina", en Revista Realidad Económica, Nro. 173, 2000.
obviamente, para sus propietarios), que sólo podía efectivizarse en el mercado si se concretaba la enajenación de la correspondiente participación accionaria en el consorcio controlante de la empresa privatizada. Esto es lo que ocurre con particular intensidad en la segunda mitad del decenio de los noventa, cuando los grupos locales y algunos conglomerados extranjeros se lanzan a vender sus participaciones accionarias en los mencionados consorcios e incluso, en algunos casos, a transferir el conjunto de sus firmas controladas, remitiendo los cuantiosos recursos obtenidos al exterior, dando lugar a la etapa de mayor fuga de capitales locales al exterior de los últimos veinticinco años (ver, nuevamente, el Gráfico Nro. 6).
Ahora bien, la decisión de realizar las ganancias patrimoniales por parte de los vendedores se conjugó, naturalmente, con el interés de ciertos actores (en la generalidad de los casos, grandes operadores internacionales prestadores de un servicio específico) por comprar las participaciones accionarias enajenadas. En este caso, la adquisición de las mismas se relaciona con el hecho de que los compradores toman como referencia, a la hora de definir sus inversiones, las tasas de ganancia existentes a nivel internacional, siendo el argentino uno de los mercados de servicios públicos relativamente más rentables "y de menor riesgo empresario" del mundo.
En función de lo anterior, una revisión de la trayectoria seguida por los grupos económicos locales y algunos conglomerados extranjeros en el transcurso de la década pasada indica que durante los primeros años transformaron una parte de su capital financiero en capital fijo (proceso asociado a la repatriación del dinero fugado durante los ochenta "que se encontraba invertido mayoritariamente en colocaciones financieras de diverso tipo" con la finalidad de participar en los consorcios adjudicatarios de las distintas privatizaciones) y que, por el contrario, durante la segunda mitad, realizaron el movimiento inverso, lo cual culmina en una nueva oleada de salida de capitales del país (en sentido contrario y mucho más intensa que la verificada en la etapa inicial).
En tal sentido, el análisis de algunas de las transferencias de capital en las empresas privatizadas realizado en el Area de Economía y Tecnología de la FLACSO permite ilustrar la notable magnitud de las ganancias patrimoniales obtenidas por los grupos económicos locales y algunos conglomerados extranjeros, al tiempo que brinda importantes elementos de juicio respecto del papel que jugaron las privatizaciones en la profundización de la valorización financiera como núcleo en torno del cual se estructura el proceso de acumulación y reproducción del capital de los sectores dominantes de la Argentina.
Al respecto, en el Cuadro Nro. 9 queda reflejada la masa de ganancias patrimoniales (la diferencia entre el monto de la inversión inicial y el de la venta de la correspondiente participación accionaria) y de ganancias corrientes (la proporción de las utilidades netas de las empresas prestatarias que le correspondió a cada propietario en función de su participación accionaria en el consorcio controlante, hasta el momento en que se desprende de su propiedad) que internalizó un conjunto de conglomerados empresarios que tuvieron una activa participación en el proceso de privatización de Gas del Estado.

Así, por ejemplo, a mediados de 1998 el grupo económico local Pérez Companc se desprendió de su participación en Metrogas (los compradores fueron el conglomerado español Repsol y la inglesa British Gas) por 109 millones de dólares cuando su inversión inicial había sido de aproximadamente 52 millones de dólares. Estos montos, sumados a las ganancias corrientes derivadas de la participación del conglomerado en la propiedad de la firma, dieron como resultado un rendimiento anual de la inversión del orden del 28%.
Asimismo, cabe destacar el caso del grupo local Soldati, que en el transcurso de 1999 se desprendió de su participación en la distribuidora Gas Natural Ban a favor de la firma LG&E de Estados Unidos. En este caso, mientras que la inversión inicial del conglomerado había sido de algo más de 27 millones de dólares, lo recaudado por la transferencia ascendió a casi 74 millones de dólares. De considerar que, mientras formó parte del capital accionario de la distribuidora, Soldati había internalizado ganancias corrientes por aproximadamente 55 millones de dólares, se puede inferir que obtuvo un redimiento promedio anual de los montos invertidos originalmente del 35%.
Otro ejemplo similar lo brinda el conglomerado extranjero CEI Citicorp Holdings, que entre 1996 y 1997 vendió sus participaciones accionarias en las distribuidoras Camuzzi Gas del Sur y Camuzzi Gas Pampeana (a favor, en ambos casos, de las estadounidenses CNG International Corporation y Pacific Enterprises International) y en la Transportadora de Gas del Sur (los adquirentes fueron Maipú Inversora, controlada por el grupo Pérez Companc y la norteamericana Enron Pipeline). En este caso, los rendimientos anuales que el CEI Citicorp
Holdings obtuvo por su participación en las empresas mencionadas ascendieron al 21% en el caso de las dos distribuidoras, y al 85% en el de la transportista "magnitud, esta última, propia de actividades financieras en etapas de elevadísima incertidumbre económica y, cabe destacar, cuándo éstas tienen éxito".
Por último, a mediados de 1997 y en mayo de 2000, el grupo local Macri se desprendió de su participación accionaria en las distribuidoras Cuyana y del Centro (los compradores fueron LG&E y la Societá Italiana per il gas), como producto de lo cual obtuvo una ganancia patrimonial cercana a los 170 millones de dólares que, sumadas a una masa acumulada de ganancias corrientes del orden de los 130 millones de dólares, le permitió obtener una tasa media de rendimiento anual de la inversión inicial del 20%.
Por otra parte, el análisis de algunas de las transferencias de capital que tuvieron lugar en el mercado telefónico local permite corroborar un proceso similar, e incluso más acentuado que lo verificado en el ámbito gasífero. En este sentido, en el Cuadro Nro. 10 se exponen las ganancias patrimoniales y las corrientes acumuladas de los cinco principales grupos/empresas que, habiendo formado parte de los consorcios adjudicatarios de la ex ENTel, vendieron sus respectivas participaciones accionarias en el transcurso de los años noventa.

Desde el punto de vista del rendimiento anual total, se destaca el caso de la Sociedad Comercial del Plata (una de las empresas centrales del grupo local Soldati), cuya inversión inicial en el consorcio controlante de Telefónica de Argentina se valorizó a una tasa anual acumulativa del 82%. El rendimiento obtenido por las otras empresas (entre 24% y 40% anual acumulativo) también constituye una valorización de capital extraordinariamente alta y veloz. Por otra parte, si se observan los montos absolutos de utilidades, se destacan las magnitudes correspondientes a, por ejemplo, el grupo Pérez Companc, que habiendo participado en los dos consorcios adjudicatarios de los activos de la ex ENTel obtuvo una ganancia de más de 1.200 millones de dólares.
Como fuera mencionado, el elevado rendimiento que se constata en las inversiones analizadas se explica, en parte, por el reducido valor al que fueron adquiridos los activos del Estado. Ahora bien, el hecho de que, por ejemplo, el grupo Soldati haya adquirido su participación en Telefónica de Argentina por aproximadamente 18 millones de dólares, desprendiéndose de la misma a un valor de 85 millones de dólares, o que el conglomerado extranjero Techint y el grupo local Pérez Companc hayan invertido originalmente alrededor de 43 y 79 millones de dólares, para obtener, respectivamente, 240 y 515 millones de dólares, al vender sus participaciones accionarias en Cointel (Telefónica de Argentina), o que el CEI Citicorp Holdings recibiera a cambio de la venta de su participación en la Transportadora de Gas del Sur un monto cuatro veces más elevado que el que había desembolsado al momento de la privatización de Gas del Estado, o que el grupo Macri obtuviera 323 millones de dólares por la venta de sus acciones en las distribuidoras Cuyana y del Centro cuando su inversión inicial había sido de 148 millones de dólares, no remite únicamente al bajo valor al que se adquirieron los activos de las ex ENTel y Gas del Estado al momento de su privatización. Al "efecto subvaluación" hay que añadirle las distintas condiciones que, desde el propio marco regulatorio de la actividad "y de sus posteriores, y recurrentes, modificaciones", tendieron a incrementar significativamente las "extraordinarias" ganancias de estas empresas.
En definitiva, es indudable que todos los casos analizados conforman, tanto en el plano doméstico como en el internacional, una valorización del capital más que extraordinaria (sobre todo si se considera que se registraron en lapsos de tiempo sumamente breves, y en un contexto de ostensible estabilidad macroeconómica e institucional). En función de ello, resulta posible determinar más precisamente la naturaleza de los activos que fueron enajenados por el Estado argentino: se trató, más que de la venta de activos fijos específicos, de la transferencia, a precios subvaluados, de nichos de beneficios extraordinarios (promovidos y garantizados normativamente), a la vez que de un muy alto grado de determinación sobre la evolución del conjunto de la economía argentina.
La incorporación de las privatizaciones a la lógica de la valorización financiera no sólo constituye un proceso de la década pasada sino que ocupa un lugar central en la definición de las alternativas que barajan los distintos sectores de poder para salir de la actual crisis económica. En el marco de la creciente heterogeneidad en el establishment económico que se genera durante el último quinquenio de los noventa (derivado, en gran medida, de la salida de los grupos locales de la propiedad de buena parte de los consorcios controlantes de las empresas privatizadas), comienzan a perfilarse en su interior dos proyectos enfrentados, diferenciándose los intereses del capital local de los del transnacional. Se trata de una contraposición de intereses estrechamente ligada a las características estructurales de estas dos fracciones del bloque de poder económico: mientras que los grupos locales se encuentran muy asentados en colocaciones financieras (sobre todo, en el exterior), los capitales foráneos son propietarios de importantes activos fijos a nivel local49.
En ese marco, el proyecto vinculado a los capitales extranjeros "aliados, en esta "pelea", con el sector financiero (es decir, con los principales bancos del país)", tiene como objetivo fundamental la dolarización de la economía, que se concibe como la "etapa final" de la Convertibilidad. La misma les garantizaría a estos actores el mantenimiento del valor en dólares de sus activos, que, según diversas estimaciones, superaría los 120 mil millones de dólares. El proyecto vinculado a los grupos locales y a algunos conglomerados extranjeros con una tradicional presencia en el país (fundamentalmente, el holding Techint) tiene como objetivo fundamental la devaluación de la moneda local y la instrumentación, por parte del Estado, de distintas modalidades de subsidios para su producción local (fuertemente asentada en las exportaciones).
De ponerse en práctica, esta última postura produciría efectos opuestos a la anterior. Por ejemplo, una devaluación de diez puntos implicaría, en dólares, dados los montos de inversión extranjera ya mencionados, que los capitales extranjeros perderían, aproximadamente, el equivalente a lo pagado por el conglomerado español Repsol en la compra de YPF (cerca de 13 mil millones de dólares). En el caso de los grupos económicos se produciría una ganancia por un monto similar, teniendo en cuenta que fugaron al exterior más de 120 mil millones de dólares.
Por otra parte, es insoslayable destacar que los grupos económicos, a pesar de los activos que vendieron y del fuerte peso que tienen los activos financieros en sus activos totales, continúan teniendo importantes inversiones productivas en el país, especialmente en sectores con ventajas comparativas naturales y con una importante "propensión exportadora" (como la agroindustria, la producción agropecuaria, la explotación de petróleo y gas, y la elaboración de algunos insumos intermedios de uso difundido). En consecuencia, con una devaluación no sólo obtendrían cuantiosas ganancias patrimoniales en términos de dólares sino que, adicionalmente, al ser fuertes exportadores, aumentarían en forma considerable la facturación y la rentabilidad de sus actividades internas. Ello sin mencionar que, gracias a la devaluación, podrían llegar a recomprar las participaciones accionarias y/o las empresas que vendieron al capital extranjero, a cambio de desembolsar por ello un monto de dinero muy inferior al que recibieron al momento de la venta de las mismas (internalizando, por esa vía, una nueva masa de beneficios extraordinarios).
Continua en privatizaciones

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